AFAVIT participó en el  II CONGRESO MUNDIAL, compartió las fotos de víctimas en su Memoria histórica y la comunidad Nacional e internacional presente en el Congreso, apoyó el pronunciamiento de AFAVIT ante la Corte Suprema de justicia.

Compartimos la DECLARACION:

Declaración
II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad

Durante los días 21 al 23 de abril de 2010, nos hemos reunido en Bogotá, Colombia, para la realización del II Congreso Mundial de Trabajo Psicosocial en Desaparición Forzada, Procesos de Exhumación, Justicia y Verdad; con la participación de 450 delegados provenientes de 23 países de África, América, Asia, y Europa.
El objetivo principal de este Congreso ha sido la adopción y el lanzamiento del Consenso Internacional sobre Normas Mínimas en Trabajo Psicosocial en Procesos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos, atendiendo a consideraciones éticas, técnicas y políticas, acordes con las necesidades y los derechos de las víctimas para promover procesos de verdad, justicia, reparación integral, garantías de no repetición y memoria, cuya discusión se inició en el primer Congreso Internacional de Trabajo Psicosocial en Procesos de Exhumación, realizado en Antigua, Guatemala, en el 2007.

Habiendo conocido este Congreso la situación actual y experiencias sobre las acciones psicosociales en los procesos de búsqueda, identificación y devolución con dignidad de restos de personas desaparecidas en varios países del mundo y,
Considerando que:
1. Las desapariciones forzadas, generalizadas o sistemáticas, en todos los casos reconocidas internacionalmente como Crímenes de Lesa Humanidad, continúan siendo un flagelo que sufren miles de personas en diversos países del mundo, no limitados a estados con dictaduras o conflictos armados;
2. El papel protagónico de las víctimas y las organizaciones acompañantes respecto de iniciativas psicosociales está cada vez más presente en la conciencia de algunos Estados, que han incluido protocolos para dar a las víctimas el lugar que les corresponde, pero hay mucho aún por hacer.
3. Se reflexionó sobre las buenas prácticas y experiencias de acompañamiento psicosocial en procesos de búsqueda, exhumación, identificación y entrega digna de cuerpos de víctimas de desaparición forzada y otras graves violaciones de los Derechos Humanos, incluyendo aspectos como el género, la generación, el valor de lo espiritual, el papel de las artes y la cultura, estrategias de comunicación y el papel de los medios masivos de comunicación, así como el enfoque psicosocial en el trabajo forense y en contextos de conflicto armado y conflictos violentos, la valoración del daño causado por la desaparición forzada y el auto-cuidado de los equipos que acompañan a víctimas de este delito.
4. Se constató que las víctimas en general continúan afrontando serios problemas y riesgos de seguridad en los procesos de búsqueda de las personas desaparecidas; incluso en varios países, y en particular en los que se presentan situaciones de conflicto armado o violencia generalizada, hay peligro para la vida de los familiares y acompañantes y se desconoce el derecho de estos a la integridad mental y psicológica.
5. De igual manera, se constata la ausencia de garantías de protección integral para que las víctimas y sus organizaciones adelanten procesos de exigencia de la verdad, la justicia y la reparación integral. En este mismo sentido, se identificó que los Estados no brindan el apoyo suficiente, tanto en recursos humanos, institucionales, financieros y políticos para garantizar procesos de búsqueda y exhumación dignos para los familiares.
6. Si bien se ha reconocido que el acompañamiento psicosocial es fundamental en las acciones con familiares en los procesos de búsqueda de los desaparecidos, ello aún no es parte integral de las políticas públicas de los Estados, al menos en los que hay un reconocimiento de que existen desapariciones forzadas y la necesidad de una política pública al respecto para la atención integral a las víctimas.
7. Existen países en los que se demuestra una ausencia de acciones estatales para emprender la búsqueda de personas desaparecidas, con graves consecuencias para las familias víctimas y la administración de justicia.
8. El acompañamiento psicosocial sigue siendo mayoritariamente un esfuerzo que impulsan las mismas agrupaciones de familiares de desaparecidos y las organizaciones de la sociedad civil.
9. Es fundamental tomar medidas para prevenir las desapariciones y resolver casos de personas desaparecidas en situaciones de conflictos armados, de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, y en otras situaciones de violencia, con base en los estándares internacionales de derechos humanos.
10. Se evidenció la necesidad de que los procesos de búsqueda, exhumación, identificación y entrega de restos, deben diseñarse con una clara perspectiva de género que permita reconocer el papel activo que las mujeres han cumplido en estos procesos, incluyendo la reconstrucción de la memoria y atender a los impactos diferenciados.
11. Los impactos del delito de desaparición forzada en la infancia y la juventud, tanto por ser víctimas directas de desapariciones, como por sufrir debido a la desaparición de sus familiares y seres queridos, niega el principio del interés superior del niño o la niña y demanda una respuesta de la sociedad y los Estados que han suscrito y ratificado la Convención de los Derechos del Niño; los esfuerzos por recuperar a la niñez y la juventud víctimas de desaparición forzada deberán atender los estándares internacionales en la materia.
12. De igual forma, los impactos diferenciales de la desaparición forzada en las personas pertenecientes a pueblos indígenas u originarios y afrodescendientes requiere la aplicación de los procedimientos de normas como el Convenio 169 de la OIT y otras que les protegen, en materia de consulta previa en todas las decisiones y etapas de los procesos de búsqueda, identificación, recuperación y devolución de restos humanos.
13. Se reconoció la difícil situación que deben afrontar los familiares y agrupaciones de víctimas en países donde hay o han habido conflictos armados, y violencia extrema, por la persecución política y la amenaza constante a las organizaciones de víctimas que reclaman verdad, justicia y reparación integral.
14. En particular, las personas asistentes ven con preocupación lo expresado por familiares sobre la forma en que se están llevando a cabo los procesos de búsqueda, identificación y
esclarecimiento, sin la debida y suficiente participación de las víctimas, las garantías de que los procesos se ajusten a los estándares internacionales y sin brindar un acompañamiento integral.
15. Se vienen adelantando procesos penales e investigaciones importantes en contra de perpetradores en varios países, en los que las familias requieren el más amplio respaldo de la opinión pública y las instituciones estatales para alcanzar el derecho a la verdad, como cuestión central en el camino a la justicia, la memoria y la reparación integrales.

RESUELVE
1) Brindar su respaldo a las víctimas y sus organizaciones en su lucha por la verdad, la justicia, la reparación integral y la memoria sobre crímenes de lesa humanidad, en particular sus peticiones por acceder en igualdad de derechos a los beneficios socio-económicos y políticos que les corresponde al lado de otras víctimas.
2) Alentamos a los Estados a la ratificación de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución A/RES/61/177; e instando a los Estados del continente americano a la ratificación o adhesión a la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
3) Validar las Normas Mínimas de Trabajo con Enfoque Psicosocial en casos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos; en primer lugar, incorporando los aportes obtenidos en los procesos realizados en ese sentido en diferentes países de Asia, África, América Latina y Europa; y por el trabajo de deliberación y consenso al que se ha llegado durante este Congreso, incluyendo la problemática que enfrentan las personas desaparecidas durante conflictos armados.
4) Adoptar como documento de Consenso las Normas Mínimas de Trabajo con Enfoque Psicosocial en casos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos.
5) Proponer hacia el futuro la tarea de convertir estas Normas en un Instrumento Internacional de Derechos Humanos que vincule a los Estados; para este fin se ha conformado una comisión de trabajo encargada de realizar el cabildeo y la incidencia necesarios.
6) Invitar a los Estados a tener en cuenta las conclusiones, recomendaciones, documentos de trabajo y resultados de este Congreso, en especial la adopción de las Normas Mínimas de Trabajo con Enfoque Psicosocial en casos de Desaparición Forzada (y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos) al momento de definir y aplicar sus políticas públicas para la búsqueda de las personas desaparecidas, el esclarecimiento de los crímenes de desaparición forzada (y otras graves violaciones de los Derechos Humanos) y la sanción penal a los responsables.
7) Alentar a los Estados a reconocer y garantizar el derecho de las víctimas a salud mental que además de la atención adecuada y digna, permita la inclusión de acciones de acompañamiento psicosocial brindados tanto por instituciones estatales como por aquéllas de la sociedad civil.
8) Llamar a todos los Estados que aún no lo han hecho, en particular al Estado colombiano, a firmar, ratificar y armonizar con el derecho interno la Convención Internacional para la
protección de las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas.
9) Saludar de manera especial a la señora Martha Vásquez, presidenta de Madres de la Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien no pudo asistir a este evento por razones de salud, y a las delegaciones que por contingencias de la naturaleza no pudieron tampoco participar.
10) Agradecer al Comité Internacional de la Cruz Roja, los gobiernos de Canadá, España, Austria, Suecia y Alemania, así como a la delegación de la Unión Europea y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia, al lado del gobierno regional de Cataluña, las ONG Internacionales Cordaid, Intermon-Oxfam (con su campaña Víctimas y Derechos), Consejeria en Proyectos PCS, y las dos organizaciones, ECAP de Guatemala y GAC de España que alentaron desde el 2007 la realización de este Congreso.
Bogotá, DC, Colombia, 23 de abril de 2010

Testimonios y el intercambio de las múltiples experiencias en la búsqueda de sus seres queridos, demuestran que la desaparición forzada ha sido y sigue siendo una cruel realidad en muchos países del planeta. Nepal, Filipinas, Sri Lanka, Kashmiri en la India, el Sahara Occidental, México, Honduras, Colombia, Brasil y Argentina tienen en su memoria el horror de este crimen de lesa humanidad cometido por los Estados. La desaparición un mecanismo de terror para acallar las voces disidentes, de aterrorizar comunidades enteras, a organizaciones políticas, el entierro de sueños de un mundo diferente, más justo, menos discriminatorio, menos violento y más incluyente.
Un sentido común, la necesidad de organizarse para reivindicar sus derechos como víctimas de este crimen de lesa humanidad, la presión, la persistencia de las familias, especialmente las mujeres, para buscar, para que haya avances en los instrumentos jurídicos a nivel nacional e internacional, para que de una vez por todo, desde la memoria cese la impunidad.
Todas y todos reafirmamos el derecho a un acompañamiento psicosocial, derecho todavía no reconocido, pero ejercido en algunos casos de modo creativo, en otros con una expectativa de su concreción. Traspasar el horror, convertir el dolor y la desesperación en la lucha por la Verdad y la Justicia y contra la impunidad ha sido una experiencia común de muchos de los más de 400 participantes de este Congreso.
En ello las y los familiares desarrollan una creatividad enorme, desde el arte, la música, la espiritualidad, desde medios de información (muchas veces alternativos), apoyado por gente solidaria en las organizaciones de DDHH, artistas, periodistas, expertos jurídicos y forenses, entre otros.
Uno de los desafíos ante esta afrenta a la humanidad es romper el silencio y la invisibilización. Los familiares de las víctimas del Franquismo en España que hoy aún están exhumando después de 70 años a sus seres ejecutados, torturados, nos confirman que esta búsqueda es una tarea larga.
El reconocimiento a Doña Fabiola Lalinde de Colombia por su valiosa y ejemplar búsqueda de su hijo desaparecido Luis Fernando Lalinde con lo que se ha conocido como la operación “Cirirí”. Este bello pájaro persistente, es símbolo de la lucha contra la impunidad desde la memoria fue acogido por las y los participantes del congreso.
Igualmente fue posible asumir el lanzamiento del Consenso Internacional sobre Normas Mínimas en Trabajo Psicosocial en Procesos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos. Este documento es el consenso que se basa en las propuestas compartidas a lo largo de tres años entre los diferentes continentes a partir del primer Congreso Internacional de Trabajo Psicosocial en Procesos de Exhumación, realizado en Antigua, Guatemala, en el 2007.
En Colombia previo al Congreso, se había realizado tres conversatorios en Bogotá y 5 encuentros regionales de victimas, sus asociaciones y organizaciones de acompañamiento para la validación de estas normas mínimas y un taller con funcionarios estatales en aras de darles a conocer las Normas Mínimas y conocer su opinión al respecto.
Retos para la implementación de las Normas Mínimas
La implementación de esas Normas Mínimas en el contexto colombiano es todo un reto y encuentra múltiples dificultades. Hoy la memoria y la exigencia de justicia se encuentran en medio de la continuidad de la desaparición forzada en Colombia en medio de la reingeniería paramilitar como estrategia de Estado, del desarrollo del conflicto armado. El negacionismo institucional niega la existencia de la desaparición forzada, del conflicto armado interno. Así se ampara la estigmatización y la falta de protección para las personas involucradas en la búsqueda de las personas desaparecidas, la alta impunidad y la indiferencia de amplias partes de la sociedad colombiana frente a este Crimen de Lesa Humanidad.
Algunos de los retos para Colombia se vienen derivando de la implementación y reglamentación de la “Ley de homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, y medidas para su localización e identificación” recientemente declarada constitucional rechazando al objeción presidencial por tener implicaciones presupuestales que no era posible asumir.
Esta implementación servirá para valorar la voluntad política del gobierno y del Estado colombiano en aras de garantizar la participación de las víctimas e incluir sus aportes, las de sus asociaciones y otros actores claves como las organizaciones de DDHH y psicosociales, entre otras. La ley de homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada es un avance en algunos aspectos, aunque se queda corto, por ejemplo al prever los recursos por parte del Ministerio de Protección Social para recibir atención psicosocial pública o privada, pero solo durante todo el proceso de entrega de los restos (Art. 8).
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los desaparecidos forzadamente nunca serán entregados, porque ni siquiera se les busca, porque fueron arrojados a los ríos o han sido enterrados en fosas clandestinas la medida es insuficiente, alejada de la realidad de las familias e incluso discriminatoria, dado que excluye la mayoría de las familias, provocando daños y revictimización en vez de ser reparador y promover el bienestar emocional.
Asimismo, la “Ley de homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada, y medidas para su localización e identificación” prevé la creación de un banco de perfiles genéticos bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación (Art. 4), cuya implementación y reglamentación requiere la consulta con las víctimas, organizaciones de DDHH y expertos nacionales e internacionales en la materia, tratándose de un tema supremamente delicado para que no aumente aun más la ya existente desconfianza hacia las autoridades estatales. Será fundamental el respeto a las normas mínimas referidas a la información, prevención de revictimización, consentimiento informado, coordinación y apoyos independientes, entre otros.
También a nivel internacional queda mucho por hacer. Se buscará convertir este Consenso Internacional sobre Normas Mínimas en Trabajo Psicosocial en Procesos de Desaparición Forzada y otras Graves Violaciones de los Derechos Humanos en un referente en el Derecho Internacional tanto a nivel de Naciones Unidas, los sistemas regionales de DDHH (el Sistema interamericano y el europeo), como en las decisiones de otros tribunales internacionales y mecanismos de justicia transicional (por ejemplo las Comisiones de la Verdad).
Sin embargo, más allá del reconocimiento formal, de instrumentos legales y protocolos son las experiencias, los resultados concretos de encontrar el ser querido, la sanción penal y social, los actos de memoria, de resignificación de lo ocurrido, la dignificación de las personas, la recuperación de su buen nombre y proyecto de vida los que nos reafirman a seguir conjuntamente el camino recorrido a lo largo de años de búsqueda de las personas desaparecidas forzadamente.