Asociación de Víctimas de Trujillo, AFAVIT

Asociación de Familiares de Víctimas de Trujillo

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Contexto

Entre 1987 y 1994 se registraron en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca - Colombia), alrededor de 300 casos de violaciones a los Derechos Humanos. Torturas, desapariciones y asesinatos fueron ejecutados contra la población civil. TRUJILLO: UNA GOTA DE ESPERANZA EN UN MAR DE IMPUNIDAD Alrededor de 300 familias residenciadas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar presenciaron y sufrieron las consecuencias físicas y morales de la tortura, la desaparición y muerte de sus seres queridos. Mediante una acción sistemática y continuada se dieron en estos años formas de aniquilamiento de la poblacción civil, que han constituido la llamada 'masacre de Trujillo'. Agentes de la fuerza pública, el narcotráfico y el sicariato, se tomaron la vida cotidiana de estos municipios para hacer alarde de las formas más refinadas y repugnantes de aniquilamiento de la vida humana, mediante operaciones de `limpieza social´ y de abierta persecución política. Campesinos, jornaleros, drogadictos, educadores, ebanistas, motoristas, vendedores ambulantes, comerciantes, profesionales y sacerdotes, fueron víctimas de uno de los episodios más sangrientos de la historia colombiana. A la masacre física de vidas humanas, siguió una segunda masacre: la masacre moral. Las autoridades llamadas a impartir justicia, desconocieron los testimonios y pruebas aportados por testigos presenciales, que a la postre fueron también víctimas de los sicarios. Un manto de impunidad cubrió lo acontecido. Dos sentencias absolutorias, negaron el único derecho de los familiares de las víctimas: el castigo a los culpables y el repudio de una sociedad a la destrucción de la vida humana. A raíz de los fallos absolutorios, el caso de 'La masacre de Trujillo', fue llevado por los familiares de las víctimas a la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, caso 11.007, para que allí se juzgara el comportamiento y la responsabilidad del Estado Colombiano en los dolorosos acontecimientos. A instancias de esta Comisión, se creó una comisión extrajudicial, conformada por los delegados de las siguients instituciones del gobierno: la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Cámara, Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Departamento Administrativo de Seguridad, Inspectores Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y delegados de las siguientes instituciones cívicas, religiosas y no gubernamentales: Conferencia Episcopal Colombiana, Cruz Roja, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Confencia de Religiosos de Colombia, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Comisión Andina de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Esta comisión (Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo), en cuatro meses revisó los expedientes e innvestigó los hechos. Elaboró un informe final en enero de 1995, de 200 páginas, que arrojó 12 conclusiones y 9 recomendaciones al Estado Colombiano. Como fruto de este informe, el 31 de enero de 1995 el Estado Colombiano representado por el Presidente de la República Ernesto Samper Pizano, aceptó su responsabilidad en los hechos violentos, y acogió las recomendaciones sobre la reparación social y moral de las familias afectadas: "Porque venimos a expresar una sincera contrición, a nombre de todos los colombianos, por este caso de sacrílega violencia". "Acepto como Presidente de Colombia la responsabilidad que corresponde al Estado Colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo, sucedidos entre los años 1988 y 1991...". "El Gobierno Nacional desarrollará, en memoria de los desaparecidos, una acción social amplia en la zona de Trujillo y levantará un monumento en la memoria de ellos y de todas las víctimas de la violancia tal y como lo propone, en sus recomendaciones, el informe de la Comisión que hoy he recibido". "Espero finalmente que nuestros hijos algún día nos perdonen, cuando estén respirando el aire puro de la paz, el haber sentido tanto odio cuando teníamos tanto derecho a la esperanza". La OEA recomendó al gobierno reparar a los familiares de las víctimas mediante acciones económicas y morales el daño causado. Como aciones económicas algunos familiares de víctimas recibieron indemnizaciones beneficiados parcialmente en un plan de inversiones. Y como acciones de carácter moral se recomendó dar castigo a los culpables y construir un Parque Monumento en memoria de las víctimas y que también exponemos en esta página en el link PARQUE MONUMENTO. LAS VÍCTIMAS EN SU HUMANA E HISTÓRICA CONCRECIÓN Lo que se ha conocido como 'La Masacre de Trujillo' tuvo un momento álgido, entre marzo y abril de 1990, cuando un conjunto de vidas humanas fueron destruídas con un derroche de sevicia en nada inferior al que la historia humana conoció en sus momentos más avergonzantes. Sin embargo, cuando tal puerta de entrada permitió irse asomando a los patrones de agresión contra la vida y la integridad de las personas, que imperaron en la zona de ese período, las denuncias que se fueron recibiendo fueron revelando rasgos y pautas comunes a muchísimos casos, esparcidos en un período de varios años. Sobre un total de más de 300 denuncias acumuladas, una Comisión Técnica de Evaluación de Casos identificó, en 1997 los patrones de agresión que definían la verdadera MASACRE DE TRUJILLO, en cuanto a: tiempos, espacios, modalidades, agentes activos, móviles, agentes pasivos y acción estatal, todo relacionado con un criterio rector que era la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Así, pues, se pudo detectar que durante el período 1986-1994, se ejerció una práctica sistemática de eliminación de vidas humanas, en la cual tuvieron participación de primer orden agentes directos e indirectos del Estado colombiano, amparados en la complicidad activa o pasiva de las instituciones oficiales. Dicha sistematicidad, identificada en 3 móviles principales, en estructuras criminales incrustadas activa o pasivamente en la institucionalidad vigente, en un área geográfica de 3 municipios ligada por intereses económico políticos, revela la conexidad de todos estos casos, muchos de ellos expuestos en esta página web en UN ROSTRO, UNA HISTORIA.

Entre 1987 y 1994 se registraron en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar (Valle del Cauca - Colombia), alrededor de 300 casos de violaciones a los Derechos Humanos. Torturas, desapariciones y asesinatos fueron ejecutados contra la población civil.

TRUJILLO: UNA GOTA DE ESPERANZA EN UN MAR DE IMPUNIDAD

Alrededor de 300 familias residenciadas en los municipios de Trujillo, Riofrío y Bolívar presenciaron y sufrieron las consecuencias físicas y morales de la tortura, la desaparición y muerte de sus seres queridos.

Mediante una acción sistemática y continuada se dieron en estos años formas de aniquilamiento de la poblacción civil, que han constituido la llamada 'masacre de Trujillo'. Agentes de la fuerza pública, el narcotráfico y el sicariato, se tomaron la vida cotidiana de estos municipios para hacer alarde de las formas más refinadas y repugnantes de aniquilamiento de la vida humana, mediante operaciones de `limpieza social´ y de abierta persecución política.

Campesinos, jornaleros, drogadictos, educadores, ebanistas, motoristas, vendedores ambulantes, comerciantes, profesionales y sacerdotes, fueron víctimas de uno de los episodios más sangrientos de la historia colombiana.

A la masacre física de vidas humanas, siguió una segunda masacre: la masacre moral. Las autoridades llamadas a impartir justicia, desconocieron los testimonios y pruebas aportados por testigos presenciales, que a la postre fueron también víctimas de los sicarios.

Un manto de impunidad cubrió lo acontecido. Dos sentencias absolutorias, negaron el único derecho de los familiares de las víctimas: el castigo a los culpables y el repudio de una sociedad a la destrucción de la vida humana.

A raíz de los fallos absolutorios, el caso de 'La masacre de Trujillo', fue llevado por los familiares de las víctimas a la Comisión Interamericana de la Organización de Estados Americanos, OEA, caso 11.007, para que allí se juzgara el comportamiento y la responsabilidad del Estado Colombiano en los dolorosos acontecimientos.

A instancias de esta Comisión, se creó una comisión extrajudicial, conformada por los delegados de las siguients instituciones del gobierno: la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría, Comisión de Derechos Humanos del Senado y la Cámara, Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Departamento Administrativo de Seguridad, Inspectores Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y delegados de las siguientes instituciones cívicas, religiosas y no gubernamentales: Conferencia Episcopal Colombiana, Cruz Roja, Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz de la Confencia de Religiosos de Colombia, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES), Comisión Andina de Juristas, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, y Comité de Solidaridad con los Presos Políticos.

Esta comisión (Comisión de Investigación de los Sucesos Violentos de Trujillo), en cuatro meses revisó los expedientes e innvestigó los hechos. Elaboró un informe final en enero de 1995, de 200 páginas, que arrojó 12 conclusiones y 9 recomendaciones al Estado Colombiano.

Como fruto de este informe, el 31 de enero de 1995 el Estado Colombiano representado por el Presidente de la República Ernesto Samper Pizano, aceptó su responsabilidad en los hechos violentos, y acogió las recomendaciones sobre la reparación social y moral de las familias afectadas:

"Porque venimos a expresar una sincera contrición, a nombre de todos los colombianos, por este caso de sacrílega violencia".

"Acepto como Presidente de Colombia la responsabilidad que corresponde al Estado Colombiano por la acción u omisión de servidores públicos en la ocurrencia de los hechos violentos de Trujillo, sucedidos entre los años 1988 y 1991...".

"El Gobierno Nacional desarrollará, en memoria de los desaparecidos, una acción social amplia en la zona de Trujillo y levantará un monumento en la memoria de ellos y de todas las víctimas de la violancia tal y como lo propone, en sus recomendaciones, el informe de la Comisión que hoy he recibido".

"Espero finalmente que nuestros hijos algún día nos perdonen, cuando estén respirando el aire puro de la paz, el haber sentido tanto odio cuando teníamos tanto derecho a la esperanza".

La OEA recomendó al gobierno reparar a los familiares de las víctimas mediante acciones económicas y morales el daño causado. Como aciones económicas algunos familiares de víctimas recibieron indemnizaciones beneficiados parcialmente en un plan de inversiones. Y como acciones de carácter moral se recomendó dar castigo a los culpables y construir un Parque Monumento en memoria de las víctimas y que también exponemos en esta página en el link PARQUE MONUMENTO.

LAS VÍCTIMAS EN SU HUMANA E HISTÓRICA CONCRECIÓN

Lo que se ha conocido como 'La Masacre de Trujillo' tuvo un momento álgido, entre marzo y abril de 1990, cuando un conjunto de vidas humanas fueron destruídas con un derroche de sevicia en nada inferior al que la historia humana conoció en sus momentos más avergonzantes. Sin embargo, cuando tal puerta de entrada permitió irse asomando a los patrones de agresión contra la vida y la integridad de las personas, que imperaron en la zona de ese período, las denuncias que se fueron recibiendo fueron revelando rasgos y pautas comunes a muchísimos casos, esparcidos en un período de varios años. Sobre un total de más de 300 denuncias acumuladas, una Comisión Técnica de Evaluación de Casos identificó, en 1997 los patrones de agresión que definían la verdadera MASACRE DE TRUJILLO, en cuanto a: tiempos, espacios, modalidades, agentes activos, móviles, agentes pasivos y acción estatal, todo relacionado con un criterio rector que era la violación a la Convención Americana de Derechos Humanos.

Así, pues, se pudo detectar que durante el período 1986-1994, se ejerció una práctica sistemática de eliminación de vidas humanas, en la cual tuvieron participación de primer orden agentes directos e indirectos del Estado colombiano, amparados en la complicidad activa o pasiva de las instituciones oficiales. Dicha sistematicidad, identificada en 3 móviles principales, en estructuras criminales incrustadas activa o pasivamente en la institucionalidad vigente, en un área geográfica de 3 municipios ligada por intereses económico políticos, revela la conexidad de todos estos casos, muchos de ellos expuestos en esta página web en UN ROSTRO, UNA HISTORIA.